¿Ombudsman o Defensor del Pueblo?

In Editorial
enero 24, 2021
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Por José Manuel Jerez.-Poco importa la denominación que cada Estado otorgue a las “Instituciones Nacionales de Derechos Humanos” (INDH) – Ombudsman, Defensor del Pueblo, Procurador de los Derechos Humanos, Alto Comisionado, Procurador del Ciudadano, Defensor de los Habitantes de la República, entre otras, una misión es compartida: “Promover y Proteger los Derechos Humanos”. Sí, es necesario, que estas Instituciones Estatales, para legitimarse en la esfera de las Naciones Unidas, deben cumplir con los Principios de París. En efecto, en 1991 se celebró en París la “Primera Reunión Técnica Internacional sobre Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, cuyo resultado fundamental fue la adopción de los Principios de París como preceptos generalmente aceptados para poner a prueba la legitimidad y credibilidad de las Defensorías del Pueblo.

Antes de proseguir, debemos hacer la siguiente observación: la figura del Ombudsman se conoce a partir de su antecedente fundacional en el Derecho moderno, que se ubica en Escandinavia, concretamente en Suecia, en su Constitución de 1809. En este marco, el Ombudsman fue concebido (muy importante para su cabal aprehensión y comprensión), como una institución del Derecho Administrativo, con mandato, únicamente, de supervisar y controlar los actos de la Administración Publica, para lograr por la vía de la persuasión, remedio a las reclamaciones ciudadanas.

La vinculación de esta institución con el Derecho Constitucional (en cuanto a la protección de los derechos fundamentales), nos llega del modelo consagrado en las Constituciones ibéricas: Portugal 1976 y España 1978. Es este modelo, especialmente el español, que adoptan las “Defensorías del Pueblo” en Latinoamérica a fines del siglo pasado, lo que viene a enriquecer esta institución con nuevas competencias, diferenciándola de su progenitor nórdico, dando lugar, al “Ombudsman Iberoamericano”.

Ha sido tanta la importancia dada a los Principios de París, como forma de legitimar las INDH o “Defensorías del Pueblo”, que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los acogió el 20 de diciembre de 1993, mediante resolución 48/134, anexándolos a la mísma. “La Conferencia Mundial de Derechos Humanos”, celebrada en Viena en 1993, reconoció oficialmente a las “Defensorías del Pueblo”, que “cumplían con los Principios de París”, como verdaderos actores en la promoción y protección de los derechos humanos. La Conferencia también sirvió para consolidar la Red de Instituciones Nacionales creadas en París en 1991, estableciendo luego el “Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, el cual, a partir del 22 de marzo de 2016, se convirtió en lo que hoy se denomina: The Global Alliance of National Human Rights Institutions” (GANHRI), conocida en castellano como “La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”.

Esta “Alianza Global”, con sede en Ginebra, Suiza, además de fomentar el papel de las “Defensorías del Pueblo” en todo el mundo, proporciona un foro para que sus miembros se relacionen e intercambien información, fortaleciéndolas para que operen en conformidad con los Principios de París. Todas estas actividades, incluyendo su Asamblea General, conferencias internacionales, las reuniones de su Buró y del Subcomité de Acreditación, las realiza la GANHRI bajo los auspicios de la “Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos” (ACNUDH), la cual ha definido como uno de sus objetivos sustanciales, ayudar a las “Defensorías del Pueblo”, con el logro del modelo fijado por los Principios de París, pues las considera integrantes esenciales del sistema que vela por la protección de los derechos humanos a nivel nacional.

No obstante, los derechos humanos o fundamentales ser universales, progresivos, indivisibles e interdependientes, los derechos económicos, sociales y culturales plantean dificultades especiales porque tienden a verse eclipsados por las demandas a corto plazo más urgentes derivadas de las violaciones de los derechos civiles y políticos, especialmente en lo que se refiere a la protección. Además, no siempre es fácil abordar derechos tan complejos que requieren un enfoque a largo plazo y la adopción de medidas “positivas” por parte del gobierno, normalmente en el ámbito del presupuesto y su programación. Muchas de las normas jurídicas, además de la Constitución, se establecen en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, y en otros instrumentos de “Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Las “Defensorías del Pueblo”, reciben su autoridad del Estado. Este carácter de institución oficial les otorga una legitimidad y unas atribuciones que solo poseen las instituciones establecidas en virtud de los mandatos de la Constitución, aunque esa legitimidad puede dilapidarse debido a la ineficacia y pésima calidad de los servicios dados a los usuarios; así como también, por su incapacidad de satisfacer las normas mínimas internacionales, indefectiblemente: los Principios de París. “El Defensor del Pueblo”, puede tener acceso al gobierno y a los encargados de la formulación de políticas públicas, y sus recomendaciones, aunque no siempre se acepten, normalmente se tienen en cuenta. Es evidente, que la principal responsabilidad, en relación con los derechos humanos o fundamentales, recae en el Poder Ejecutivo.

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Artículo publicado en “acento” el 10-12-2020

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