Ministerio Público solicita prórroga para concluir investigación contra Hugo Beras y Jochi Gómez por escándalo de semáforos

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junio 10, 2025

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Santo Domingo.- El Ministerio Público (MP) solicitó este martes una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación del caso de presunta corrupción y estafa contra el Estado, que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez Canaán.

La solicitud surge ante el vencimiento del plazo de ocho meses originalmente concedido al órgano acusador, por lo que se ha programado una audiencia para el próximo 17 de julio, a las 9:00 de la mañana, en la que la jueza Patricia Padilla evaluará la petición del MP.

A Beras y a Gómez Canaán se les imputan los delitos de estafa, lavado de activos y financiamiento al terrorismo, relacionados con el proyecto de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo. El caso ha captado la atención pública debido al presunto uso irregular de fondos estatales y la contratación cuestionada de la empresa Transcore Latam.

Otros imputados en el caso

Además de Beras y Gómez Canaán, el expediente incluye a cinco exfuncionarios del Intrant y un presunto testaferro. Se trata de Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas, señalado como figura clave en la supuesta red de lavado liderada por Gómez Canaán. Todos enfrentan medidas de coerción impuestas desde octubre del año pasado, cuando estalló el caso con múltiples allanamientos.

Nuevas diligencias y figuras vinculadas

El pasado viernes se llevaron a cabo nuevos allanamientos como parte de las diligencias complementarias de la investigación. Entre los lugares inspeccionados figura la propiedad del productor artístico Aquiles Jiménez, a quien el Ministerio Público vincula como supuesto integrante de la estructura encargada de movilizar los fondos irregulares recibidos por Transcore Latam. No obstante, Jiménez no fue incluido en la solicitud de medidas de coerción presentada en 2023.

La continuidad de esta investigación, que ha puesto en tela de juicio procesos de contratación pública y la transparencia institucional, dependerá ahora de si el tribunal otorga la extensión solicitada para concluir los actos conclusivos del caso.