Franklin Díaz: La migración haitiana

República Dominicana y Haití comparten la isla Hispaniola, cuya extensión territorial alcanza los 76,192 km², de los cuales, el 63.5% (48,442 km²) es territorio dominicano; el 36% (27,750 km²) es de dominio haitiano.

Estos dos países conforman una de las relaciones territoriales más desiguales  de todo el mundo, con una herencia colonial muy distinta, por consiguiente, con costumbres y culturas diametralmente opuestas, y en el orden económico, aunque ambos pueblos pertenecen al ranking de los países subdesarrollados, los indicadores demuestran que la economía haitiana es seis veces menor que la dominicana.

Como ha de suponerse, la gran brecha económica existente entre ambos países, es la razón fundamental por la que el flujo migratorio hacia la República Dominicana es tan activo y por cómo van las cosas, la tendencia es que aumente con el paso de los años, debido a que no se avizoran posibilidades de cambios que pudieran hacer mermar el éxodo masivo  de haitianos que cruzan la frontera de manera irregular.

Si bien en el gobierno haitiano no tiene el interés,  ni la posibilidad en términos logísticos para crear las condiciones para una disminución de la migración de sus nacionales, lo verdaderamente preocupante es que en la República Dominicana no se ha diseñado una política migratoria responsable, por el contrario, se ha permitido que entre cónsules, empresarios y militares,  se desarrolle un lucrativo comercio que implica el trasiego de nacionales haitianos.

Hoy en día el puesto de cónsul en Haití es uno de los más anhelados en la administración pública, y no puede ser para menos, puesto que el salario de un cónsul allí es de 3,000 dólares mensuales, más 6,652 dólares para gastos de representación, es decir,          sus ingresos fijos son poco menos de 10,000 dólares al mes. Recordemos que allí hay cuatro cónsules, que en total tienen ingresos al mes cerca de 40 mil dólares; pero como si todo esto fuera poco, diariamente se conceden unas 200 visas a discreción, a 50 dólares cada una, representando 3 millones  500 mil pesos anuales, de los cuales, los cónsules se adueñan de más de 1  millón de dólares.

Este es el panorama reinante en el área consular dominicana en Haití, desde donde no se traza ninguna política de Estado, por eso me rio  cuando se habla de política migratoria para controlar la entrada de nuestros vecinos; pero además, es irónico que el propio  Estado sea el principal empleador de mano de obra haitiana con estatus migratorio irregular.

Según los resultados de la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012) en  la República Dominicana hay un total de 458,233 ciudadanos haitianos, estos son prácticamente los que poseen algún tipo de documentación, pero de los indocumentados no se tiene cifras exactas, pero de seguro que debe ser más del doble de esta cantidad, lo que a todas luces resulta ser una carga muy pesada para el país.

En el año 2013, con la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional se pretendió imponer una supuesta fuerza jurídica para controlar la migración haitiana, pero la intentona fallida, más bien le causó serias dificultades al país  en materia de derechos humanos, puesto que dicha sentencia establecía nuevos criterios para otorgar la nacionalidad dominicana a través del “jus solis” (nacimiento), vigentes desde el año 1929.  De igual modo, la sentencia plantea que “la excepción del tránsito incluye  a todos los nacidos en territorio dominicano hijos de extranjeros que  residen de manera irregular, pues sus padres no tienen residencia en el país, conforme se establece en la legislación dominicana”.

Esta sentencia produjo una serie de contradicciones, tanto en el plano local como internacional, provocando incluso una condena por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por supuestas violaciones de derechos fundamentales. Esto a su vez dio al traste con  la promulgación de la ley 169-14, la cual crea un sistema especial de nacionalización que buscaba, entre otras cosas, beneficiar a unos 60 mil hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana, pero que estaban inscritos de manera irregular en el registro civil. Con estos ademanes jurídicos  se trataba de ocultar largos años de irresponsabilidad del Estado Dominicano, que se ha resistido a encarar el problema con responsabilidad.

Se podrán promulgar  todas las leyes y sentencias que quieran, pero si el gobierno no toma “el toro por los cuernos”, los afanes serán en vano. Hasta tanto a los cónsules no se le quite de la mano el negociazo que representa la migración haitiana; y hasta que a los empresarios,  que en su afán por conseguir mano de obra barata, no se les arrebate la posibilidad de contratar haitianos indocumentados, y hasta que el propio Estado no deje de ser el principal empleador de esta mano de obra; que nadie me hable de que se está desarrollando una política migratoria seria.

Si bien esta problemática debe ser afrontada con determinación, debemos aprender a ver al pueblo haitiano como una oportunidad de negocio lícito, ya que a pesar de la corta visión estatal, el país vecino sigue siendo nuestro segundo socio comercial más importante; tomando en cuenta el pésimo   y deplorable intercambio comercial existente, cuyas reglas la impone el gobierno haitiano de manera unilateral y antojadiza.

Se dice y se escribe de manera constante, sobre todo en escenario internacional, que en República Dominicana existe una actitud racista contra los haitianos y que se violan sus derechos fundamentales, lo cual es totalmente falso, puesto que a pesar de las citadas diferencias existentes entre ambos pueblos, los haitianos conviven con nosotros dentro de un marco de respeto; no es cierto que en el país  se le violenten sus derechos.

Quienes sustentan la tesis de violación a los derechos fundamentales de los haitianos, son los que apuestan a una solución radical que implica la unificación de ambos pueblos, pero nadie en su sano juicio, incluidos los propios haitianos, saben que tal intención es prácticamente imposible.

De lo que se trata es de un vinculo migratorio entre un Estado fallido e inviable, donde la pobreza extrema les obliga a salir para no morir de  hambre. El otro Estado, con mayor fortaleza institucional, subdesarrollado pero con grandes oportunidades, sin embargo, una de sus mayores problemáticas se concentran en la corrupción, la cual ha coartado la posibilidad de emprender acciones para controlar esta migración.

Haití seguirá siendo Haití; República Dominicana seguirá siendo lo propio; Ninguno de los dos podrá jamás recoger sus equipajes y mudarse a  otro lugar; Seguiremos siendo vecinos por encima de cualquier diferencia, por eso estamos obligados a diseñar políticas migratorias, apelando siempre al respeto mutuo, sobre todo, entendiendo que los haitianos son una oportunidad para el lícito comercio, pero dejando claramente establecido que en Haití manden los haitianos y que en República Dominicana manden los dominicanos.

Por: Franklin Díaz

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Lizardo Jimenez

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