Fiscalía y superintendencia de Bancos intervienen financiera del Gringo

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julio 26, 2016

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Por fuente externa

Santo Domingo.- La Fiscalía del Distrito Nacional y la Superintendencia de Bancos intervino este martes una financiera, con doce sucursales, propiedad de Manuel Emilio Beltré Mesa “El Gringo”, quien fue condenado a ocho años de prisión por lavado de activos.

El informe de la Fiscalía indica que la sede principal y doce sucursales de la Financiera e Inmobiliaria Belgar, fueron intervenidas porque a su propietario se le acusa de violar la Ley Monetaria y Financiera, estafa, falsedad de documentos y lavado de activos.

La fiscal del distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, hizo un llamado a los depositantes a presentarse a su despacho a los fines de ser informados de la investigación a la referida entidad financiera.

Mesa Beltré se encontraba en libertad condicional, fue reapresado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en enero pasado, tratando de viajar a Italia, vía España, y se le dictó un año de prisión preventiva bajo la acusación de narcotráfico, la cual cumple en la cárcel de La Victoria.

La intervención de la financiera se produce, luego de que varios depositantes se querellaron por estafa en su contra, que ascienden a cientos de millones de pesos.

Las sucursales están ubicadas en Los Girasoles, Los Ríos, Los Alcarrizos, Guaricano, Villa Mella, Los Frailes, Herrera, barrio Los Ángeles, Autopista Duarte, Los Mameyes, Carretera Mendoza y Sabana Perdida.

Segú las pesquisas realizadas por el ministerio público y la Superintendencia de Bancos, la Financiera e Inmobiliaria Belgar no es una entidad regulada por el órgano rector del sistema financiero dominicano, porque no tiene autorización para realizar intermediación financiera.

La condena que pesa en contra del “El Gringo” se produjo por la acusación que le formuló el ministerio público en el 2009 de narcotráfico y lavado de activos, luego de que se le ocuparan más de RD$ 4 millones de pesos en una yipeta, supuestamente de su propiedad.

En el 2010 fue condenado a ocho años de prisión por lavado de activos, sentencia que fue ratificada en enero del 2011. La Corte de Apelación de Santo Domingo dispuso su libertad en mayo de 2014.