Falta de Ley Orgánica debilita al Ministerio de Interior y Policía y pone en riesgo derechos ciudadanos

Santo Domingo. – La ausencia de una ley orgánica para Interior y Policía permite medidas arbitrarias que afectan derechos ciudadanos, desde restricciones de alcohol hasta incautaciones sin sustento legal en propiedades privadas.

Ausencia de ley orgánica y conflicto con la Constitución

La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 112, establece que las leyes orgánicas son aquellas destinadas a regular derechos fundamentales, así como la estructura y organización de los poderes públicos. Sin embargo, el Ministerio de Interior y Policía no cuenta con una ley orgánica que regule su funcionamiento.

En su accionar, especialmente mediante los llamados “Operativos de Garantía de Paz”, la institución se ampara en resoluciones y decretos, como el 308-06, para imponer restricciones como los horarios de expendio de bebidas alcohólicas. Estas medidas limitan libertades fundamentales como la empresa, el tránsito y el consumo, sin una base legal de rango adecuado, lo que contradice el principio de jerarquía normativa: Constitución, leyes, decretos y resoluciones.

Esto genera arbitrariedades en un Estado de derecho, donde solo es permitido lo expresamente autorizado por la ley. En cambio, Interior y Policía actúa desde un margen discrecional, imponiendo sanciones sin sustento legal.

Advertencias de expertos sobre la inseguridad jurídica

Las malas prácticas del Ministerio han generado preocupación entre expertos. El abogado penalista Chanel Liranzo y el doctor en Administración Víctor Eddy Mateo alertan sobre los riesgos que enfrenta la ciudadanía.

“Que hoy día el Ministerio de Interior y Policía esté regido principalmente por decretos, normas de épocas dictatoriales y autorregulado por sus propias resoluciones, le resta fuerza a la institución y coloca a la ciudadanía en una posición cuestionable”, consideró Liranzo.

La falta de una habilitación expresa para imponer restricciones con fines de seguridad o tranquilidad genera confusión legal y deja a los ciudadanos sin garantías claras.

“Una cosa es diseñar políticas públicas, y otra es tomar medidas que vulneren derechos fundamentales. Es decir, sin ley, los ciudadanos no saben claramente por qué les sanciona o toma decisiones en su contra, lo que constituye una falta grave, porque su actuación cae en lo discrecional, que, sin motivación, se convierte en arbitrario”, advierte Mateo.

Resoluciones polémicas: caso de la Semana Santa

Durante la Semana Santa de 2025, la resolución MIP-RR-001-2025 prohibió el expendio de bebidas alcohólicas el Viernes Santo en todo el país. Esta acción, sin base en una ley orgánica, evidencia las posibles arbitrariedades que surgen del vacío legal.

“El ejemplo más ilustrativo respecto a posibles arbitrariedades del MIP lo podemos ver con el tema del expendio de bebidas alcohólicas; da cuenta de que no hay una habilitación expresa para este tipo de restricciones y que su objetivo puede ser usado de manera alegre”, expuso Liranzo.

Incautación de bocinas: un abuso recurrente

Otro ejemplo preocupante es la incautación de bocinas para enfrentar los altos niveles de ruido. Aunque esta es una materia regulada por la Ley 287-04 sobre Ruidos Nocivos, modificada por la Ley 90-19, las actuaciones del ministerio suelen pasar por alto la institucionalidad adecuada.

Según Mateo, estas medidas deberían ser responsabilidad de una Procuraduría Especializada con apoyo de la Policía Nacional, no del Ministerio de Interior y Policía de forma directa.

“Se ha cometido la arbitrariedad de entrar a propiedades privadas a impedir que la gente se divierta, cerrar establecimientos, recoger sillas, mesas de dominó, y hasta detener personas”, dijo Mateo.

“Esto es grave, y lamentablemente, penoso es que la propia institución prevalezca de su propia falta para justificar sus malas acciones (…) Estoy de acuerdo con que hay que poner orden, pero, en un Estado de derecho, todo accionar de la Administración debe hacerse por ley”, añadió.

Normas actuales y vacíos legales

El Ministerio se rige actualmente por una combinación de decretos, reglamentos y leyes que le asignan funciones puntuales, como la Ley de Migración (285-04), la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) y la Ley de Armas (631-16). Sin embargo, no existe una ley marco que regule su existencia de manera integral.

Esta falta de legislación primaria da pie a prácticas institucionales carentes de control y supervisión, y compromete los principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos fundamentales.

¿Qué hace una ley orgánica?

Una ley orgánica permite establecer la creación, estructura y organización de una institución como Interior y Policía, requiriendo una mayoría calificada (dos tercios del quórum) en ambas cámaras del Congreso Nacional para su aprobación. Sin esta base jurídica, se compromete el accionar legítimo del Estado.