España, ante su encrucijada territorial

In El Mundo

octubre 2, 2017

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MADRID. El encaje de las diferentes regiones en el marco del Estado es un viejo contencioso que España padece desde hace décadas, si no siglos, y cuyo debate se ha agravado con el caso de Cataluña, donde este domingo tuvo lugar una votación independentista ilegal en medio de una gran tensión y algunos episodios de violencia.

El desafío secesionista catalán alcanzó ayer un punto crítico con la celebración de un referéndum de autodeterminación, que el Gobierno central había prometido impedir y que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.

España es uno de los estados más descentralizados de la UE, pero se va extendiendo la convicción de que el modelo que acuñó la Constitución de 1978, lograda mediante un asombroso consenso tras 40 años de dictadura, debe ser revisado.

La coexistencia de las llamadas “comunidades históricas”

-Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía-, con lengua propia o culturas muy características, con las trece restantes, llevó a dos vías diferentes y a un complejo sistema de financiación que ha ido evolucionando pero que siempre ha sido objeto de tensiones entre unas y otras, dado, además, el variado grado de desarrollo económico de todas ellas.

El caso de Cataluña, que representa casi una quinta parte de la riqueza nacional, ha sido el más polémico en los últimos años, en especial desde que la última reforma del “Estatut” (la “constitución” de esa Comunidad Autónoma) fuera recortada en 2010, cuatro años de entrar en vigor, por el Constitucional, tras un recurso del Partido Popular (PP), entonces en la oposición.

Los jueces consideraron que algunas de las disposiciones del nuevo Estatut, sobre justicia y financiación en particular, requerían una reforma previa de la Constitución.

Visto como un agravio profundo por los nacionalistas moderados, su deriva hacia posiciones abiertamente independentistas se confirma inmediatamente después, hacia 2011, a raíz de la grave crisis económica que sacudiría a todo el país.

Los secesionistas trasladan con éxito la idea de que las aportaciones catalanas a la financiación del Estado central eran desproporcionadas.

El pulso no ha cesado desde entonces y este domingo, el gobierno catalán, formado por independentistas de derecha e izquierda con el apoyo de los antisistema de la CUP, intentó conseguir legitimidad para su plan mediante un referéndum sin las debidas garantías que lograra, pese a todo, una fuerte participación y captara la atención internacional.

El Ejecutivo catalán asegura que en la votación participaron 2,2 millones de personas – para un censo de 5,34 millones -, pero con un abrumador resultado a favor de la secesión.

Por lo que respecta al reconocimiento, ninguna voz se ha alzado a favor de una Cataluña independiente, pero las imágenes de los enfrentamientos entre antidisturbios que acudieron a cerrar los colegios y los que se oponían a ello han dado a la disputa una proyección internacional indudable.

Mediación internacional

El presidente catalán, Carles Puigdemont, pidió hoy la “mediación internacional” y a la UE que “deje de mirar hacia otro lado”, porque estas “violaciones”, a su juicio, de la Carta europea de derechos fundamentales ya no son sólo un asunto interno, sino “europeo”, dijo.

La respuesta la dio hoy también la Comisión Europea, cuyo portavoz, Margaritis Schinas, respaldó el “orden constitucional” en España, pues son “tiempos para la unidad y la estabilidad, no para la división y la fragmentación”, aunque lamentó las escenas de violencia.

Puigdemont planea trasladar en los próximos días al parlamento regional los resultados de la consulta ilegal para poner en marcha una declaración de independencia unilateral, mientras la oposición pide que convoque elecciones regionales anticipadas o intente negociar con el Gobierno central.

Por su parte, el presidente Mariano Rajoy emprende hoy mismo una ronda de encuentros con los líderes de los partidos parlamentarios para “reflexionar” sobre el futuro de España, que empezará con el socialista Pedro Sánchez y el liberal Albert Rivera.

Aunque tiene garantizado el apoyo de ambos en su defensa del Estado de derecho Rajoy tiene ante sí el importante reto de dar respuesta al órdago catalán.

Todo ello mientras crecen las críticas a su gestión de esta crisis, tanto por los sucesos del domingo, como por haber dejado pasar el tiempo, según muchas voces, sin dar respuesta a las reivindicaciones catalanas. Jesús García Becerril