Ciudad amazónica brasileña en “emergencia” por ingreso masivo de indígenas venezolanos

In El Mundo

mayo 8, 2017

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BRASILIA. La ciudad amazónica brasileña de Manaos (norte) decretó el estado de “emergencia social” para poder ayudar a cientos de indígenas venezolanos que cruzaron la frontera huyendo de la crisis en su país, informó este lunes la alcaldía local.

Más de 350 indígenas de la etnia Warao han recalado desde diciembre del año pasado en espacios públicos de Manaos, capital del estado brasileño Amazonas y limítrofe con Venezuela.

“Además de la necesidad de abrigar a esa población, la mayor preocupación del poder público es la posibilidad de diseminación de enfermedades” que puedan afectar tanto a los inmigrantes como a la población local, informó la alcaldía de Manaos en un comunicado.

El decreto que determina la situación de “emergencia social” fue firmado el 4 de mayo y permite a las autoridades esquivar trabas burocráticas para atender a los indígenas, entre los que se encuentran “niños, adolescentes y ancianos” de familias que llegaron a Manaos después ingresar a Brasil por el vecino estado de Roraima, precisó la alcaldía.

Además de brindarles asistencia sanitaria, las autoridades locales aseguran estar trabajando para que aquellos que pretenden quedarse en Manaos puedan regularizar sus documentos para buscar trabajo e inscribir sus hijos en la escuela.

Desde febrero, una resolución del Consejo Nacional de Inmigración de Brasil permite a los venezolanos que ingresan al país escapando de la crisis económica tramitar la residencia temporaria, sin recurrir al complejo mecanismo de refugio, cuyas solicitudes se multiplicaron exponencialmente en el último tiempo.

En lo que va de 2017, Brasil recibió 8.231 pedidos de refugio de venezolanos, el doble de los registrados entre 2010 y 2016 (4.477), según datos del Ministerio de Justicia.

El Congreso brasileño aprobó en abril una nueva Ley de Migración, que busca igualar los derechos de inmigrantes con los de nacionales en materia de acceso a los servicios públicos de salud, educación y seguridad social.

La norma, que reemplazará un estatuto que entró en vigencia durante la dictadura militar (1964-1985), debe aún ser sancionada por el presidente Michel Temer.