Vicepresidente de la CDEEE acusa a sectores eléctricos de boicotear construcción de plantas a carbón

In Economía
agosto 20, 2014
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BICHARAEl vicepresidente ejecutivo de la Coporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara afirmó que detrás de la demanda incoada contra el proceso de licitación para construir e incorporar dos plantas a carbón de 376 megavatios al sistema energético estarían sectores locales con fuertes intereses en el negocio de la generación eléctrica.

El funcionario insistió que el resultado de la licitación, que ganó en noviembre del 2013 el consorcio Norberto Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella, fue reconocido incluso por escrito por los demás licitantes finalistas, que fueron las firmas Posco, China Gezhouba Group y Sepco III Electric Power Construction Corporation.

Afirmó que adversarios al proyecto estatal, a quienes noidentificó, pretenden amedrentar a la banca internacional y los organismos multilaterales para bloquear el financiamiento de la obra, cuyo costo global se proyectó en 1,495 millones de dólares (US$1,945 millones).

De ese monto, el Estado dominicano aportaría alrededor de US$400 millones, de los cuales habría desembolsado ya US$250 millones.

“Si nos bloquean el financiamiento por darles temor a los bancos, nos quedamos sin plantas” a carbón, dijo el funcionario

Se recuerda que el pasado miércoles, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dispuso la suspensión del proceso de licitación pública internacional correspondiente a las centrales que se levantan en la zona de Punta Catalina, en la provincia Peravia.

La sentencia del TSA, que Bichara considera irracional, favoreció con una medida cautelar al Consorcio IMPE, C. por A., contraparte local de la empresa china Gezhouba Group Company Limited, CGGC.

El funcionario advirtió advirtió que los sectores adversos a la iniciativa ponen en peligro el financiamiento externo requerido, al enviar copias de la referida sentencia a las potenciales fuentes de financiamiento, incluyendo al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), del Brasil, con el que el Gobierno gestiona un préstamo por unos US$700 millones para implementar la obra.

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