Roberto Rosario asegura que no hay posibilidad de que la reelección de Danilo propere

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febrero 4, 2015
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ROBERTO ROSARIOSanto Domingo.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario aseguró que para aprobar la reelección presidencial es necesario aprobar cinco leyes, tres de ellas con mayhoría calificada.

El presidente del organismo electoral al ser entrevista por Listín Díario también afirma que para restablecer la reelección presidencial es obligatorio consultar a la ciudadanía con un referéndum, que conllevaría a montar unas elecciones nacionales con un gasto de entre 500 y 800 millones de pesos.

Rosario aclarq que lo primero es que en la agenda electoral de 2016 no está prevista una participación del actual Presidente de la República.

Asegura que el presidente Danilo Medina está impedido constitucionalmente de participar como candidato presidencial en las elecciones a celebrarse en mayo del 2016.

“Se necesita de por lo menos la emisión de cinco leyes distintas para poder lograr que triunfe la opción de una reforma a la Constitución”, explica el presidente de la Junta Central Electoral (JCE).
Indica que si alguien, dice, se trate de funcionarios del gobierno o personas físicas, quisieran cambiar la Constitución, entonces recomienda una revisión minuciosa de su articulado.

Rosario remite a los artículos 269 y siguientes que limitan la posibilidad de reforma a dos actores, o propiciada por el Congreso con apoyo de la tercera parte de una u otra cámara o con la introducción de un proyecto del Poder Ejecutivo.

“El artículo 270 de la Constitución establece que primero debe haber una ley que declare la necesidad de la reforma en un caso específico. Eso es con la 3a. parte del 50% de ambas cámaras. El artículo 271 dice que dentro de 15 días, con más de la mitad de los miembros de ambas cámaras, y la decisión de la 2/3 parte se podrá aprobar esa ley”, asegura Rosario.

Continúa señalando que el artículo 272 dice que todas las reformas constitucionales, que versen sobre derechos, garantías y deberes, deben ser refrendadas por un referéndum. Es decir, como de lo que estamos hablando es de una decisión que involucra el derecho a elegir y ser elegido, entre otros derechos, esa reforma Constitucional obligatoriamente necesita de un referéndum, no es posible sin eso.

“Entonces se le remite a la JCE, según el párrafo I, para dentro de 60 días convocar y organizar el referéndum. Aquello requiere que participe por lo menos el 30% de las personas inscritas en el registro de electores; y de ese 30%, que a favor de él vote el 50% de los sufragantes que ejercen el voto. El voto no es obligatorio, recordó.

Sigue explicando “que el artículo 10 de la Constitución dice que es necesario para ejercer el derecho de participación que el Congreso apruebe una ley general de Referéndum. Aprovechó para decir que en el Congreso se encuentra depositada una iniciativa de la JCE en ese sentido que no ha sido aprobada. Es decir, hay que aprobar una ley general marco de referencia”, afirma.

Señala que aprobada esa ley marco, cada referéndum, dice el numeral 2, requiere de una Ley Especial y particular para ese referéndum específicamente.

“El artículo 234 establece que para hacer un referéndum se necesitan recursos económicos. Y la JCE no tiene en su presupuesto partida asignada para referéndum. El artículo 234 de la Constitución dice que no podrán trasladarse recursos presupuestarios de una institución a otra si no es por una ley. Es decir, que habría que aprobar una ley para transferir recursos para la convocatoria del referéndum”señala.

Y por último asegura que para lograr una reelección pr4esidencial se requeire de la aprobación de una Ley de la reforma a la Constitución de la República.

Roberto Rosario Rosario manifestó que se veía obligado a hacer estos planteamientos porque un referéndum es como unas elecciones nacionales, en el sentido del montaje y su estructura.

Reconoce, sin embargo, que el costo sería mucho menor que unas elecciones nacionales, situadas cerca de los 1,600 millones.

“En un referéndum se gastan no menos de 500 millones; entre 500 y 800 millones para la organización y el montaje. Habría de ubicar de dónde saldrían esos recursos para llevar a cabo esa tarea que los legisladores están en el perfecto derecho de hacer” asegura.

En caso de que se materialice el proceso de consulta popular, Rosario explica que tienen derecho a tener delegados los que estén a favor y en contra; la presencia de observadores; también la gente que cuente los materiales, urnas. “Es un proceso electoral normal, es un referéndum, donde participan la población y todos los actores”, dijo. El tema de los recursos lo llevó a aclarar que no se puede hablar de una transferencia de dinero, por parte del Poder Ejecutivo, desde otra cartera estatal para luego regularizarlo.

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