Prisión Preventiva, y otras medidas.

In Opiniones
mayo 27, 2019
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Por Juan José Feliz-.

La decisión de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que modificó las medidas de coerción impuestas a los imputados en el caso Tremols Payero, ha traído cuestionamientos en la sociedad jurídica dominicana, lo que sirvió de motivación al presente escrito.

Las medidas de coerción tienen la característica de excepcionalidad: art. 222 del CPP, contrario a la idea confusa de que solo la medida de prisión preventiva se encuentra revestida de dicha característica. Esto significa que deben existir y además ser valoradas por el tribunal, una serie de requisitos que cumplan y sustenten dicho carácter de excepcionalidad.

Esa confusión a la que hacemos referencia ha hecho que muchos actores del sistema judicial den un valor superior a la prisión preventiva, frente a las demás medidas, a tal punto que se cree la idea de que al ser impuesta una medida distinta a la de prisión preventiva, no procede que los jueces de Corte modifiquen las mismas por la de prisión preventiva. Esto es un error, pues si como dijimos al principio todas las medidas tienen un carácter excepcional: Art. 222 CPP, significa que todas tienen el mismo valor, y que ninguna es más o menos excesiva que las demás, procesalmente hablando; además de que el CPP específicamente el art. 227, no establece diferencias entre las medidas, pues los requisitos que se exigen para una, se exigen para las demás.

Sin embargo la prohibición del art. 228 del CPP de combinar la prisión preventiva con más medidas hace pensar lo contrario, lo que se responde en el entendido de que dicha prohibición no otorga un valor superior a la prisión preventiva, sino que al dicha medida representar en sí misma el fin de las demás medidas de coerción, basta solo con imponer esta. Verbigracia. Citemos las tres medidas más comunes: 1) La prohibición de salir del país: un privado de su libertad física no puede salir del país; 2) La obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad determinada: la privación preventiva de movilidad física, implica el conocimiento de una autoridad sobre el estatus de una persona sometida a un proceso judicial penal; y 3) La presentación de una garantía económica: el propósito de dicha medida, es constreñir al procesado a no sustraerse del proceso, pues de hacerlo renunciaría a la pérdida de su patrimonio o a parte de este. Además de que la limitación de la libertad, interrumpe la capacidad productiva de cualquier persona. Esto evidencia que el cumplimiento de la prisión preventiva, reviste el propósito de las demás medidas de coerción.

Así mismo el art. 234 del CPP sí diferencia a la medida de prisión preventiva con las demás medidas, pues aquí no solo se limita a la excepcionalidad que reviste a las demás medidas, sino a una superior, indicando que para imponer la misma, debe el tribunal estar totalmente convencido de que imponer las demás medidas de coerción, no evitaría que el imputado se sustraiga del proceso penal al cual se encuentra sometido. De igual modo, define a las demás medidas de coerción como “menos gravosas” frente a la medida de prisión preventiva. Esto no necesariamente resta valor a las consecuencias sufridas por un imputado al sufrir la imposición de cualquier otra medida distinta a la de prisión preventiva, pues cada medida en su dimensión específica, afecta a la persona a la que le es impuesta.

De igual modo tradicionalmente se ha pensando que al momento de decidir sobre la solicitud de imposición de la medida de prisión preventiva, el tribunal está limitado a tomar solo en cuenta el “arraigo” de la persona imputada, lo que deviene en un error a la luz de ley.

La norma procesal penal en sus arts. 222 y 224 indica la finalidad de la imposición de medidas de coerción, citando lo siguiente: “Las medidas de coerción tienen carácter excepcional y solo pueden ser impuestas mediante resolución judicial motivada y escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, evitar la destrucción de prueba relevante para la investigación, y proteger a la víctima y los testigos del proceso”. Tomar en cuenta sólo el arraigo económico que ata al país a un imputado, es incorrecto.

Es quizá esta la motivación de los jueces de Corte al variar las medidas impuestas a los imputados Tremols Payero por la de prisión preventiva, pues al ser un caso de índole financiera, es posible que el Ministerio Público haya convencido a los jueces de Corte de que los imputados pueden desviar elementos probatorios, consistentes en documentación.  

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