Elpidio Báez: LA BANCARROTA DE LA SEGURIDAD

In Opiniones
Septiembre 1, 2014
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ELPIDIO-BAEZ..Los medios masivos de comunicación difundieron profusamente dos noticias que involucran a personal de la seguridad privada en dos hechos criminales ocurridos en un corto espacio de tiempo.

El primer acto delictivo tuvo lugar en Santo Domingo, donde un camión de transporte de valores fue asaltado en el recinto de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuando cumplía el servicio de retirar dinero de la institución. Uno de los guardianes fue ejecutado en el acto y otro quedó gravemente herido. El segundo acto delincuencial se desarrolló en Santiago “La ciudad corazón”, donde el empresario Rafael de Moya, su esposa Ingrid y la doméstica fueron amordazados y asaltados por dos vigilantes privados que custodiaban la residencia familiar.

 

Esos dos hechos criminales que involucran a vigilantes de reconocidas empresas de seguridad encendieron la alarma de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados  cuyos miembros abordaron el tema en la primera reunión de esta segunda legislatura ordinaria, abierta este 16 de agosto.

 

Los legisladores acordaron abrir una investigación a las empresas de seguridad privada del país, así como a la Superintendencia de Seguridad Privada, para conocer la dinámica operacional de esta pujante industria, en la que se ha delegado parte del uso legítimo de la fuerza que corresponde al Estado.

 

El Congreso de la República está obligado a establecer algún mecanismo de control parlamentario que permita mantener informados a los legisladores sobre el curso y los medios de prestaciones de estos servicios, a fin de que puedan fiscalizar y adoptar acciones pertinentes y necesarias, conforme el mandato constitucional.

 

La investigación abierta por la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados debe urgar en los procesos de selección del personal de seguridad porque requieren de mayor rigurosidad, en especial tratándose de vigilantes o guardianes armados. En este aspecto debo observar que los exámenes de aptitud psicológica debieran ser normados y actualizados periódicamente.

 

Otros aspectos que deben examinar los congresistas son las exigencias en materia de capacitación, así  como la baja fiscalización de parte de los sistemas de control de la seguridad privada. Muchas veces los guardianes se encuentran expuestos a espacios y situaciones de alto riesgo sin contar con las competencias ni habilidades necesarias para enfrentarlas conforme a derecho. Esto impacta de forma negativa la calidad del servicio que se entrega.

 

La industria de la seguridad privada ha crecido de forma vertiginosa en la República Dominicana. Actualmente hay más de 265 empresas registradas y un número indeterminado que operan en el mercado sin las licencias ni la supervisión correspondiente. El personal que presta servicios supera los 35 mil elementos, superior al número de agentes de la Policía Nacional.

 

El conjunto de las compañías de seguridad privada tienen mayor presupuesto que la Policía Nacional, mejor armamento y tecnología, mayor flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las necesidades de protección de las personas y bienes, y realizan tareas que le corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado.

 

Las empresas de seguridad privada prestan servicios en las modalidades de seguridad y protección personal, vigilancia y protección de bienes, custodia, traslado y vigilancia de bienes y valores, localización e información de personas y  bienes, y otras actividades inherentes a la seguridad privada.

 

El atractivo negocio de la seguridad privada representa un sector económico de gran envergadura con acceso a información sensible sobre áreas estratégicas. Su pujanza está asociada a factores como el temor al crimen, las debilidades de las fuerzas policiales y la alta valoración ciudadana de las empresas prestadoras del servicio de seguridad.

 

En América Latina y el Caribe, la región más desigual del planeta, la privatización de la seguridad va en aumento, lo que hace que el Estado pierda el control legítimo sobre el uso de la fuerza, que pasa a manos privadas. La debilidad del poder estatal aumenta la ofensiva criminal.

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